Uruguay
Fin a la impunidad

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucional la Ley de Caducidad facilita el camino a la anulación de esta norma que otorgó impunidad al aparato represor de la dictadura. Jueces, políticos y víctimas de la dictadura han coincidido al señalar que el dictamen de inconstitucionalidad de esa ley que el martes declaró el máximo tribunal uruguayo sobre tres de sus artículos, abre las puertas a la revisión de más casos de violaciones de derechos humanos cometidos entre 1973 y 1985.Esa era también la sensación en la masiva marcha que recorrió el centro de Montevideo para pedir el voto por el 'si' en el referéndum previsto para el próximo día 25, en coincidencia con las elecciones generales, en el que se pide la anulación de la controvertida norma. La Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad convocó a decenas de miles de personas que tiñeron las calles de la capital de color rosa, el mismo de la papeleta que pide el fin de la norma, en el último acto de campaña previsto antes de la convocatoria a las urnas. Para la nieta del poeta argentino Juan Gelman, Macarena Gelman, ella misma víctima de la represión de la dictadura uruguaya, esta decisión judicial es "un punto de partida". "Más allá de la declaración de inconstitucionalidad, es fundamental la expresión del pueblo uruguayo a favor de anular la ley", dijo Gelman. Las palabras de Gelman también fueron mantenidas por la asociación de Hijos de Detenidos Desaparecidos (HIJOS), que en una rueda de prensa afirmaron que la decisión por la anulación "va más allá de lo político" y supondrá "un cambio cultural" en Uruguay. El fallo se produjo a seis días de que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir a sus nuevos representantes políticos y decidir en plebiscito sobre la anulación de la Ley de Caducidad, lo que ha sido criticado por los opositores por entender que hay intereses electorales de por medio. Aunque la inconstitucionalidad se aplica para un caso concreto, "para el futuro puede tener mucha importancia", afirmó en una entrevista radiofónica la fiscal Mirtha Guianze. Esta magistrada y defensora de los derechos humanos lleva el caso que ha determinado la decisión del órgano supremo de la justicia uruguaya: el asesinato en 1974 de la joven militante comunista Nibia Sabalsagaray.